Reseña

Frente a la violencia generada por las condiciones de inseguridad e incrementada por la política de «Guerra contra el narcotráfico», en varios lugares del país se manifestaron ciudadanos, a menudo armados, realizando actividades de vigilancia y seguridad en sus entornos, efectuando patrullajes, instalando puntos de revisión, deteniendo a presuntos delincuentes o promoviendo sistemas de justicia propios. Si bien se registraron experiencias previas con estas características hacia la década de los noventa, tales iniciativas recibieron la atención de la opinión pública a nivel nacional a partir de 2013, cuando surgieron organizaciones defensivas armadas en varios municipios en Guerrero y Michoacán. En los siguientes años, estas formas organizativas han continuado apareciendo en otras regiones del país, integrándose como una forma legítima de acción colectiva y de organización social. Hacia 2014 se sabía de la existencia de al menos 100 grupos operando en 17 estados del país, mientras que para el 2018 se documentaba su presencia en 22 estados. La literatura especializada en temas de seguridad ha dado cuenta, desde los años noventa del siglo XX, del surgimiento de organizaciones comunitarias o vecinales ejerciendo acciones de vigilancia y seguridad pública en México, inicialmente en comunidades rurales e indígenas. Dichas prácticas solían ser interpretadas como respuestas ante el aumento de delitos de la delincuencia común en lugares afectados por las consecuencias económicas y sociales de las llamadas reformas estructurales; al mismo tiempo, se ubicaba el origen de dichas experiencias vigilantes en las estructuras de autogobierno y en los usos y costumbres de los pueblos indígenas como parte de sus reivindicaciones por derechos culturales y de libre determinación.