Reseña

Este trabajo, debate sobre la efectividad de los derechos humanos en tiempo reciente, lo que representa un desafío para el Estado Constitucional de Derecho, ante la llegada de gobiernos autoritarios que promueven abiertamente la implementación de políticas públicas populistas que se alejan de toda objetividad, ante la falta de diagnósticos previos a la toma de decisiones. Como marco teórico se explica la evolución que ha tenido los sistemas jurídicos latinoamericanos en cuanto a la positivización del derecho internacional de los derechos humanos en sus constituciones, lo que permitió la consolidación de las democracias en América latina. Sin embargo, en pleno siglo XXI, por lo menos en México, se ponen a prueba su efectiva aplicación, debido a la implementación de decisiones políticas autoritarias, como lo ha sido la reforma integral al Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de septiembre de 2024, y su subsecuente enmienda del 31 de octubre de 2024, en el que se establece que son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a la Constitución, reafirmando la “supremacía constitucional”, así como la improcedencia de amparo contra adiciones o reformas a la constitución, lo que sin duda, implica un retroceso en materia de derechos humanos y de sus medios o mecanismos de defensa.
Se hace un análisis respecto la teoría de los derechos humanos y sus avances, y sobre ello, cuestionamos si ¿los derechos humanos son una retórica o un derecho positivo y efectivo?; En materia de derecho internacional de los derechos humanos, cuestionamos respecto si ¿existe una posición jerárquica de las normas internacionales en materia de derechos humanos frente a la Constitución en los ciertos países latinoamericanos? y cuyo gobiernos han mantenido ciertos rasgos populistas, de ahí que se analiza su actuar frente a los derechos humanos y sus garantías, partiendo del principio pro persona y dignidad humana.
Se concluye sobre el principio pro persona, el cual deberá ser reconocido como un mecanismo de control del poder frente a la constitución misma, especialmente frente al poder reformador, quien constantemente introduce en la norma suprema figuras autoritarias, como la que se registró con las reformas constitucionales antes descritas, y que auspició la imposibilidad de interpretar dicha restricción y por tanto su posible arbitrariedad, conllevándonos a una práctica antidemocrática.