Reseña

En los últimos 20 años, diversos esfuerzos ciudadanos e institucionales han impulsado procesos para esclarecer el periodo de violencia política y de Estado denominado popularmente como “Guerra Sucia”. De manera más o menos exitosa, estas investigaciones han logrado dar luz sobre el papel de instituciones como la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Dirección General de Policía y Tránsito del Distrito Federal (DGPYT), por mencionar algunas, en el diseño e implementación de la política de contrainsurgencia ejecutada entre las décadas de 1960 y 1980 que resultó
en la comisión de violaciones graves a los derechos humanos como torturas, ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada de personas.
Recientemente, han surgido estudios específicos sobre desaparición forzada de personas, tortura y tortura sexual. Estas investigaciones destacan el papel de las tecnologías represivas en la dinámica contrainsurgente, mismas que quedaron documentadas en los testimonios de las víctimas e invitan a reflexionar sobre los efectos de estas graves violaciones en la vida de las personas. No obstante, en la mayoría de estas investigaciones se ha tocado marginalmente o pasado por alto estudiar el papel que jugaron las instalaciones y edificios de las dependencias comprometidas en los procesos represivos y que fueron utilizados como centros de detenciones clandestinas, interrogatorios bajo tortura y ejecuciones extrajudiciales.