Reseña

El derecho a la justicia pronta y cumplida constituye uno de los pilares fundamentales de un Estado de derecho y es un derecho constitucionalmente garantizado en Costa Rica. Sin embargo, en la práctica, el sistema judicial costarricense enfrenta serias deficiencias en el cumplimiento de este principio, especialmente en el contexto del proceso penal. Las dilaciones indebidas e injustificadas en los procedimientos judiciales no sólo generan un impacto devastador en los derechos de los imputados, sino que también desvirtúan el funcionamiento del sistema judicial y erosionan la confianza pública en la administración de justicia.