Reseña

Las elecciones de jueces y de ministros, organizadas por el Instituto Nacional Electoral, se llevaron a cabo el pasado 1º de junio y, en consecuencia, de manera formal y legal, se eligieron a nuevos integrantes del Poder Judicial federal. El cambio se dio. Se reconfiguró este poder, acorde con la hegemonía del régimen vigente en México. El hecho histórico en nuestro país es que se realizó la renovación del Poder Judicial en las condiciones políticas particulares de un gobierno moderno. Ahora se inicia una etapa novedosa en la vida institucional del Poder Judicial y un equilibrio inédito entre los tres poderes. No obstante, surgen las siguientes dudas: ¿qué dinámica se establecerá en la relación política entre el nuevo Poder Judicial y el Poder Ejecutivo? ¿Qué nexo de equilibrio, contrapeso, tendrá el Poder Judicial respecto a los otros dos poderes, más políticos en su composición y funciones dentro de una democracia? ¿Qué vínculo asumirá el Poder Judicial actual frente a la agenda económica nacional, los empresarios como poder colectivo y en cada sector en particular y la sociedad civil? La composición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinará las posibilidades de la agenda económica del Ejecutivo. En lo anterior, la correspondencia surgida a partir de junio de 2025 entre poderes será determinante para el régimen en marcha. Lo económico no es, obviamente, el único tema que definirá la dirección que seguirá de aquí en adelante el Poder Judicial, pero sí un eje fundamental en la definición de la administración resultante en los próximos años. La agenda de asuntos específicos que lleguen a la SCJN (y a otras instancias judiciales), y su resolución, demostrarán el sentido de la reforma constitucional.