Reseña

El libro insiste en que el sector agropecuario, en Chiapas y en Mesoamérica, mantiene una centralidad estratégica, aporta porcentajes relevantes al PIB y sostiene buena parte de la vida rural, lo que justifica —y exige— una intervención universitaria orientada a la sostenibilidad territorial. Esta afirmación, lejos de ser un simple dato económico, debe leerse como un recordatorio político, si el campo es estructural para la vida social, la educación superior agropecuaria también lo es. Y por eso la pregunta de fondo no es si la universidad “debe” vincularse, sino cómo se vincula y con qué horizonte de justicia.