Reseña

En nuestros días, el derecho a la educación es universalmente reconocido como un derecho humano fundamental garantizado por el Estado. Sin embargo, este reconocimiento se alcanzó recién al finalizar la Segunda Guerra Mundial, luego de que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948.
En el caso de México, desde 1867 se estableció legalmente el carácter laico, gratuito y obligatorio de la educación básica; esta medida fue elevada a rango constitucional mediante el artículo 3º en la Carta Magna de 1917. No obstante, el derecho a la educación aparece de manera explícita en 1993, con la modificación del artículo 3º constitucional y la llamada, en ese entonces, Nueva Ley General de Educación, que señala que: “Todo individuo tiene derecho a recibir educación [...] toda educación que imparta el Estado será gratuita” (inciso IV).
Sin embargo, los hombres y las mujeres han tenido acceso a este derecho de modo distinto. En el caso de los hombres, fueron los de las clases acomodadas quienes primero tuvieron acceso a la educación formal, una educación principalmente religiosa, a la que poco a poco se fue agregando el estudio de las diversas áreas de conocimiento. En el caso de las mujeres, el acceso a la educación fue posterior y accidentado.
Durante el siglo XIX, con la puesta en marcha del proyecto liberal de nación, se promovió la creación de instituciones destinadas al desarrollo profesional de las mujeres quienes, a partir de entonces, accedieron a distintos espacios educativos: escuelas primarias, secundarias, normales y, al finalizar el siglo XIX, a la universidad.
Surgieron así uniones de mujeres profesionales, asociaciones cívicas, grupos sufragistas, espacios donde la educación científica de las mujeres se convirtió en una demanda central. Así se integraron a esta propuesta mujeres como Rita Cetina Gutiérrez, Dolores Correa Zapata, Laura Méndez de Cuenta y María Rosaura Zapata Cano, nuestras biografiadas.